Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas,Colaborador del Periódico “El Ciudadano”
Los datos recogidos con motivo “Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas” -30 de agosto-, nos hace tomar conciencia de la magnitud del problema en México. Si estos datos oficiales nos dan “horror”, los aportados por las diversas organizaciones civiles del país “agrandan dicho horror”.
Hay más de 40 mil personas desaparecidas; más de 37 mil cuerpos no identificados y más de 3 mil fosas clandestinas con 4 mil 974 cuerpos. Los datos son del 2006 al 14 de agosto pasado.
La mayoría de las fosas se ubican en Tamaulipas (401), Chihuahua (306), Guerrero (301), Sinaloa (283), Zacatecas (238), Jalisco (216); mientras que la mayor cantidad de cuerpos se encontraron en Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Veracruz, Zacatecas y Michoacán.
Esta realidad nos acerca al sufrimiento que implica para miles de familias de las víctimas, a la inacción de las autoridades pasadas cuando sabemos que es su deber, a la responsabilidad que hoy debe asumir el gobierno actual en sus distintos niveles, para quienes buscan a sus seres queridos reciban una esperanza manifiesta y para que nuestra Iglesia tome conciencia de su vocación ante este drama humanitario.
Con motivo de la ola de violencia que continúa en el país, nuestro Arzobispo Carlos Garfias Merlos, vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que se hace urgente la atención a las víctimas y ofreció su solidaridad a las familias lastimadas por los últimos acontecimientos de violencia; manifestó además, que ojalá las autoridades encuentren las formas de generar condiciones de paz y confianza entre la población, así como lograr mantener el control y dominio pertinente sobre los grupos delincuenciales.
Ante la crisis que se vive en el país y la descomposición que implica del tejido social es alentador también la concreción práctica del gobierno federal del giro discursivo en que se ha desmarcado de la actitud de sus antecesores. Entre ellos debe destacarse el compromiso de aplicar los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye una invitación oficial para que el citado Comité visite nuestro país el próximo año y se complementa con el reconocimiento de la competencia del propio Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales.
Igualmente significativa es la aceptación de la búsqueda de las víctimas como un deber ineludible del Estado que debe realizarse como eje de todas las acciones. Estas decisiones resultan esperanzadoras por apuntar a un compromiso real de esta lacerante problemática.
La buena voluntad debe convertirse en acciones concretas que lleven al compromiso de todas las autoridades en la consecución de la meta: presentación con vida de las víctimas y castigo a los culpables.
El país se ha convertido en un territorio con fosas clandestinas:
Las familias de los desaparecidos exigen la devolución de sus seres queridos