Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas,
Colaborador del Periódico Digital “El Ciudadano”.
Existen trabajos serios de análisis sobre distintos aspectos acerca del fenómeno de la trata de personas (TDP) en nuestro país. El Observatorio del Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, A.C. (CAM) lleva diez años profundizando en la realidad.
En este año ha tenido el objetivo de analizar la legislación y las políticas públicas que en materia de trata de personas existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. Las entidades escogidas fueron Baja California, La Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas.
Este territorio del norte del país tiene una migración interna considerable; la gente migra y es “enganchada” sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes a causa del desplazamiento forzoso producido por la violencia y la pobreza en sus Estados.
Una de las causas principales es la delincuencia organizada y su impunidad. El diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propician la trata de personas evidencia que hay mayores probabilidades de “enganche” de las víctimas cuando éstas viven en entornos de protección fracturados, en los cuales ni las instituciones del Estado mexicano, ni las comunidades, ni las familias pueden ofrecer las garantías para evitar la violación del derecho al libre desarrollo.
Las condiciones estructurales que posibilitan la violencia a este derecho son: 1) la presencia generalizada de altos niveles de violencia social; 2) la presencia generalizada de pobreza y carencias sociales; 3) sistemas de seguridad pública deficientes; 4) precariedad económica y condiciones laborales de explotación; 5) presencia de migración interna o internacional, y 6) discriminación por género.
La trata y el tráfico son dos términos que suelen ser empleados indistintamente y que muchas veces están relacionados, sin embargo no son lo mismo, son delitos diferentes.
Entendemos por trata: la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación.
Las bandas de secuestradores que operan en México están ligadas a la trata y explotación nacional e internacional; sus principales víctimas son niños y jóvenes de cualquier clase social. Está trata esta en la lista de crímenes transnacionales en el tercer lugar por debajo del narcotráfico y tráfico de armas con ganancias anuales de 32 mil millones de dólares. Increíble, pero cierto.
La trata de personas es un delito que debe terminarse
El Estado mexicano ha sido incapaz de resolver el problema