La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que se ordene al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), detener la distribución y entrega de las cartas a través de las cuales se ofrecen créditos a personas con actividad empresarial y que están firmadas por el Titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, ya que esto contraviene el artículo 134 Constitucional.
En sesión virtual de la Comisión, las Consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, así como el Consejero Jaime Rivera, determinaron procedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ya que del análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, dos primeras versiones de las cartas entregadas por el IMSS contienen elementos de promoción personalizada que resultan ajenos e innecesarios para informar a las personas beneficiarias del crédito, las modalidades y requisitos para su entrega.
Finalmente, el IMSS envió al INE un tercer modelo de carta, en el que no aparece ya el nombre del titular del Poder Ejecutivo y lo sustituye por Gobierno Federal. Esta última carta que elimina cualquier tipo de promoción personalizada, se incluyó en el proyecto y se determinó no dictaminar medidas cautelares sobre la misma.
No se cancela ni se suspende ningún programa
En la resolución sobre el tema, se valora que el objetivo de la carta distribuida por el IMSS es hacer del conocimiento de la ciudadanía acciones concretas del gobierno federal, a fin de entregar créditos o apoyos económicos a personas con actividades empresariales que cumplan con ciertos requisitos; lo cual, en principio, encuadra dentro de la categoría de propaganda gubernamental.
Esta determinación no significa ni tiene como efecto la suspensión o cancelación del citado programa o plan de apoyo financiero, ni de ninguno otro, sino únicamente la modificación de la manera en que se comunica y da a conocer a la ciudadanía la medida gubernamental.
Asimismo, se vinculó a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven en el cumplimiento de las medidas cautelares.
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