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Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas, Colaborador del Periódico Digital “El Ciudadano”

De acuerdo con diversas y múltiples denuncias, integrantes de un grupo armado de corte paramilitar de Santa Martha, en Chiapas, atacó a balazos el miércoles 22 pasado a un grupo de personas de Cáritas y del Fideicomiso por la Salud de los Niños Indígenas de México (Fisanim) cuando entregaban ayuda humanitaria en la comunidad de Tabak a familias desplazadas por la situación de la violencia armada en Aldama, Chiapas.

En los hechos resultó herida una religiosa dominica en la pierna derecha; se trata de María Isabel Hernández Rea de 52 años de edad e integrante de la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y quien colabora en la parroquia de San Andrés Larráinzar, vecina de Aldama. El ataque armado contra la caravana ha provocado muchas reacciones de condena. Como este ataque son todos los días desde hace semanas, según ha afirmado la comisión permanente de los 115 comuneros desplazados. Esta agresión sucedió mientras la Guardia Nacional y la Policía Estatal realizaban patrullajes en el área.

La violencia que se ha recrudecido últimamente ya ha dejado 26 muertes, un número mayor de heridos y 2036 desplazados, forzados, internos en un municipio de apenas 5000 habitantes. El hecho ocurrido el miércoles manifiesta mayor gravedad cuando se realiza ante la presencia de testigos de corte internacional y de autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano.

Ante estos sucesos violentos, la Conferencia del Episcopado Mexicano difundió un comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el cual ésta condena y expresa su preocupación por la agresión realizada contra un grupo que llevaba ayuda humanitaria en la comunidad de Cotzilman, municipio de Aldama.

Los obispos de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro, así como por el vicario de Justicia y Paz, José Luis Bazares Selvas, y la canciller María Reyes Arias, proclamaron que “No queremos otro Acteal”.

Como ellos, la Red TDT también pidió que se castigue a los responsables y “se sancione, desarme y se desarticule a los grupos de corte paramilitar de Chenalhó, responsables de las agresiones que han provocado desplazamientos forzados en la región de los Altos de Chiapas”.

En un documento difundido por el centro de derechos humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, los obispos Gustavo Rodríguez Vega, presidente para la Pastoral Social y Cáritas Mexicana, José de Jesús González Hernández titular de la Dimensión de Pueblos Originarios y Afromexicanos y Julio Cesar Salcido Aquino, presidente de la Dimensión para la Vida Consagrada, manifestaron que como pastores y acompañantes de procesos pastorales comprometidos con la dignidad de las personas “nos indigna que hechos como el sucedido en Aldama, sigan amenazando la vida y la paz de los pueblos”.

La jerarquía católica pidió a las autoridades correspondientes que “esclarezcan lo sucedido, puesto que de no hacerlo favorecen la continuación de condiciones que dañan las comunidades de los pueblos”. El centro de derechos humanos “Fray Bartolomé de las Casas” se pronunció: “En los gobiernos estatales de Rutilio Escandón Cárdenas y el Federal de Andrés Manuel López Obrador, han sido omisos ante los contantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tzotzil de Aldama”.

El periódico “La Jornada” ha documentado de manera puntual el ataque sufrido. La embajada de Canadá en México condenó el ataque e hizo un llamado al gobierno para el  cese de las agresiones armadas en la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó al Estado Mexicano “su obligación de garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, la que se encuentra ligada al uso y disfrute de su propiedad tradicional, y de prevenir amenazas a dichos derechos, adaptando medidas concretas para su protección”.

No queda sino hacer eco al llamado de que se esclarezcan los hechos y se investigue a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos ataques. Es evidente que mientras no se desarme y desarticule estos grupos paramilitares, estén donde estén, estará presente la amenaza de que se repita un episodio tan detestable como el que tuvo lugar en Acteal el 22 de Diciembre de 1997, el cual forma parte de nuestra memoria histórica.

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