La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional (PAN) en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las y los Gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales, desde el día 13 de febrero, del comunicado titulado GOBERNADORES Y GOBERNADORAS DE LA 4TA TRANSFORMACIÓN, en apoyo al Presidente de la República. Esto es, en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato, asimismo, solicitó se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro.
La Comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso.
La Comisión, en un análisis cautelar, determinó que el documento versa sobre propaganda gubernamental que se difunde en periodo prohibido -desde el 4 de febrero de 2022 y hasta la conclusión de la jornada que tendrá verificativo el 10 de abril-, ya que el documento, además de resaltar aspectos personales y la manera en que gobierna el Presidente de México, tiene como temática central y preponderante señalar y difundir logros, avances, éxitos y actividades gubernamentales, por lo cual el justificado de la medida cautelar.
Realizan llamado a servidores públicos
La Comisión de Quejas y Denuncias emitió un pronunciamiento que tiene como destinatarios a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno, a fin de que en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales.
El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos de la Consejera Claudia Zavala y del Consejero Ciro Murayama, así como de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias.
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