José Luis Camacho Acevedo,
Colaborador del Periódico “El Ciudadano”
La violencia en Guanajuato se ha convertido ya en un asunto de seguridad nacional para el Gobierno Federal. El operativo “Golpe de Timón”, instrumentado por las fuerzas federales en coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado de Guanajuato para capturar al sanguinario líder huachicolero Juan Antonio Yépez, conocido como El Marro, resultó un estrepitoso fracaso.
Durante ese operativo, en uno de los filtros colocados en las inmediaciones de Santa Rosa de Lima, asiento de las principales cabezas del cartel conocido con ese mismo nombre, fueron detenidos una cuñada de El Marro y su pareja sentimental, quien era un policía en activo.
En menos de 36 horas, por deficiencias de la Fiscalía Estatal, a cuyo cargo está desde hace ¡nueve años! Carlos Zamarripa, a quien el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ratificó por otros nueve años, los delincuentes plenamente conocidos como operadores financieros del Cartel Santa Rosa de Lima fueron liberados.
Desde la época en la que el mapache panista Juan Manuel Oliva gobernaba el Estado, en sustitución del fascista de Vicente Fox Quesada, se instrumentó un programa al que pomposamente llamaron “Escudo” para combatir al crimen organizado en Guanajuato. Ese costosísimo programa, operado por el mencionado Carlos Zamarripa y el encargado de seguridad pública, Alvar Cabeza de Vaca, resultó ser un fracaso. El programa Escudo siguió, elevando sus costos de manera cuantiosa durante el sexenio de Miguel Márquez, otro gobernador omiso en el combate a la violencia en Guanajuato.
De nada sirvieron los presuntos 124 arcos carreteros que se instalaron en todo el territorio guanajuatense, como tampoco resultaron una solución los casi 3000 dispositivos electrónicos como las cámaras urbanas y locales, lectores de airp para la identificación de placas robadas ni los 320 kilómetros de fibra óptica para lograr una comunicación de “excelencia” entre las corporaciones de seguridad.
Nada de eso funcionó y El Marro, jefe del Cartel Santa Rosa de Lima, se convirtió en el verdadero jefe político del Estado de Guanajuato. Después del fallido golpe de timón, ocurrió la más numerosa y sangrienta masacre en la historia de la entidad. En un suburbio de Salamanca, dentro de un antro de mala muerte llamado La Playa, fueron ejecutados 15 parroquianos y varios de los clientes del tugurio quedaron malheridos. Las autoridades locales, gobierno municipal y gobierno estatal, empezaron a culparse mutuamente. La fiscalía cayó en contradicciones inexplicables.
Primero, declaró que no se habían identificado a los cadáveres de la masacre. Pero varios abogados de Salamanca protestaron porque entre uno de los muertos, se encontraba un conocido “litigante” de la localidad. Horas más tarde, informaron que fueron gentes del cartel Santa Rosa de Lima los que buscaban en el lugar a sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación. Y poco después que la operación había sido a la inversa. Que los de Jalisco Nueva Generación eran los que buscaban a la gente de El Marro. Y mientras eso ocurre, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo sigue afirmando que pronto Guanajuato volverá a vivir en paz.
A pesar de esas optimistas declaraciones, el mapa de ciudades más peligrosas de México, ya incluyó en su más reciente evaluación a Irapuato y Salamanca dentro de las cinco más peligrosas de México. Y mientras Diego y su pandilla siguen tan campantes y viviendo en mansiones que no tiene ni Obama.
Termino esta columna con una descripción de la situación que vive Guanajuato realizada por el talentoso y muy honorable abogado José Alcaráz de la Rosa y publicada en la revista “Newsweek” en español:
“Luego del desastroso sexenio de Juan Manuel Oliva, lastrado por la corrupción y la ineptitud que campeó en algunas áreas de su administración, los guanajuatenses llegaron a tener cierta esperanza de mejoramiento con el arribo del actual gobierno.
Ahora, cuando faltan escasos nueve meses para que se termine la gestión de Miguel Márquez, se puede constatar que el equipo que está preparando sus maletas, no sólo mantuvo una viciosa inercia, sino que en algunos rubros resultó peor que su antecesor. Por desgracia, uno de los renglones en los cuales el Gobierno de Márquez ha fracasado de manera estrepitosa, es el área del combate a la violencia y procuración de la seguridad de los guanajuatenses.
En efecto, varios de los índices relacionados con esa delicada materia se han disparado de manera importante, poniendo en entredicho el programa Escudo, que fue la propuesta emblema del régimen marquezista y en el que se dispuso de la friolera de 2 mil 700 millones de pesos. Uno de los indicadores donde más mal calificado va el actual gobierno estatal –se dijo en su momento-, es el que se refiere a la incidencia de los homicidios dolosos, departamento en el cual, el Estado gobernado por Miguel Márquez duplica los números alcanzados bajo el ejercicio de Oliva.
Durante el sexenio anterior, se cometieron en la entidad 2,581 homicidios dolosos, mientras que en lo que va de la administración de Miguel Márquez, hasta el mes de octubre (de 2018), iban 4,895 asesinatos, casi el doble. Estas cifras fueron extraídas de los reportes que la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato emite de forma mensual al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Y las cosas siguen empeorando en Guanajuato. ¿Hasta cuándo va a permitir esta situación Andrés Manuel López Obrador?.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato
Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado