Claudia Silva Campos,
Colaboradora del Periódico “El Ciudadano”
Con el propósito de combatir la impunidad y garantizar la protección a los derechos humanos de los presuntos responsables, de las víctimas y de la sociedad en general, una servidora –diputada local por el PRD y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado-, presenté la propuesta de punto de acuerdo en el que se exhorta a los poderes Legislativo y Judicial, así como a la Fiscalía y Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, a fin de que se analice la eficacia y eficiencia de la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el Estado.
Ante el crecimiento innegable del fenómeno de la violencia y la inseguridad en el país y particularmente en el Estado de Guanajuato, es imperativo y oportuno establecer un acuerdo para implementar las acciones necesarias encaminadas a eficientar las labores de los actores e instituciones implicadas en el Sistema de Justica Penal con el fin de reestablecer la paz social y procurar justicia en un Estado democrático y de derecho.
Las cifras publicadas recientemente por un medio de comunicación, correspondientes a datos emanados del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, refieren que en el año 2018, se registraron 2 mil 609 homicidios con imputación por parte de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General. Asimismo, advierte que de 789 presuntos homicidas, se judicializaron 544 causas y de ellas, sólo 373 fueron vinculadas a proceso, quedando en libertad 416 presuntos homicidas por falta o deficiencia de elementos probatorios.
Del mismo informe, refiere que en el 2018, el Poder Judicial libró 571 órdenes de aprehensión por homicidio doloso, de las que se cumplimentaron 250, quedando pendientes 321 por ejecutar. Estas cifras obligan al llamado -por encima de protagonismos-, para establecer un alto necesario en el camino que permita evaluar y en su caso recomponer lo pertinente. Por ello, se requiere atención multifactorial para erradicar la impunidad, la inseguridad e incluso la corrupción.
Para lo anterior, se propone incluir la participación social mediante foros, conferencias, charlas o cualquier instrumento metodológico que permita recoger el parecer de observatorios ciudadanos y organizaciones no gubernamentales que interactúan en materia de seguridad, violencia y derechos humanos.
Con los resultados vertidos de un análisis serio, es necesario establecer un amplio acuerdo entre el Poder Legislativo, Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos para presentar las iniciativas de reforma y las acciones necesarias que permitan un desempeño eficaz y eficiente que demanda la propia implementación del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial en el Estado de Guanajuato. Es un hecho patente, real. Esperamos respuesta.
La propuesta ya se presentó al pleno del Congreso de Guanajuato
El Sistema Penal Acusatorio del Estado es ciento por ciento perfectible