José Luis Camacho Acevedo,
Colaborador del Periódico “El Ciudadano”
Pese a ser designados como la mano derecha del Ejecutivo en los Estados, la mayoría de los llamados SUPERDELEGADOS han mantenido un bajo perfil, no tienen poder real de maniobra sobre los recursos federales que llegan a las entidades, han sido desplazados por los nombramientos directos que hace cada secretaría de Estado o en el mejor de los casos, se convierten en acérrimos críticos locales.
La principal función de los “superdelegados” que el Presidente Andrés Manuel López Obrador instaló en los 32 Estados de la República, era que vigilaran los apoyos sociales, por ello, a principio de su Gobierno estableció los 100 primeros días como límite para iniciar la distribución de los recursos.
A principios de diciembre, en una reunión privada, los 32 coordinadores estatales del Gobierno federal con el Presidente López Obrador, recibieron la instrucción de cuidar la dispersión de los recursos públicos y terminar el censo para que, a más tardar en el mes de marzo, la Secretaría del Bienestar inicie la distribución de los programas.
No obstante, ha llegado a oídos del Presidente que los superdelegados no están cumpliendo totalmente con sus funciones, es más, que incluso su tarea más apremiante que era la de crear un censo de beneficiarios, es la que más retrasos tiene. Y es que muchos de ellos, no contaban con una estructura sólida de base para poder llevar cabo esa labor que requiere mucho y exhaustivo trabajo de campo.
Entonces como el plazo para comenzar con la entrega de los apoyos está próximo a llegar, López Obrador convocó a una reunión urgente con los coordinadores en Palacio Nacional, oficialmente se dio a conocer que el motivo del encuentro era para evaluar el avance de la labor de los superdelegados, así como para revisar los 25 programas prioritarios y los 67 programas de Gobierno federal.
Pero había otro tema en la mesa. AMLO llamó a su equipo a que respete la austeridad y evite la burocratización, pues a nivel federal se está haciendo un gran esfuerzo para ahorrar el mayor número posible de recursos para poder garantizar la entrega de los apoyos prometidos, que, dicho sea de paso, son la piedra angular de su proyecto de gobierno.
De acuerdo a versiones periodísticas y de fuentes consultadas, en casi todos los Estados, los censos no llegan ni al 40% de avance, las razones son varias, pero coinciden en los siguientes puntos:
1.- Las personas que están realizando los censos, cuentan con celulares muy traqueteados, con poca memoria y baja calidad; la pila les dura entre 3 y 4 horas en promedio. Y con ello, con sólo cuatro reportes se congelan.
2.- A los trabajadores les pagarán hasta con tres meses de atraso, es decir, la gran mayoría no ha cobrado ni siquiera su primer sueldo, que por cierto es bajísimo y nada competitivo.
3.- Las pésimas condiciones laborales, a pesar de que el sueldo es bajísimo, a los trabajadores que están realizando el censo, no les dan un día de descanso y las jornadas son de alrededor de 10 horas.
Ante este escenario, tal parece que no hubo una planeación estratégica y el nombramiento de los superdelegados y sus funciones, se trataron de un simple planteamiento general, lo cual provoca que no se tenga rumbo ni claridad de hacia dónde se va. Incluso, el pasado 18 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores contra los superdelegados. Argumentaron que éstos violan la Constitución Mexicana porque van en contra del Pacto Federal y la División de Poderes. Esperemos a ver qué rumbo toman los superdelegados.
Los superdelegados han sido muy cuestionados
AMLO tratará de mantener a sus “asesores” en los Estados