José Luis Camacho Acevedo, Colaborador del Periódico “El Ciudadano”…
Los delitos de extorsión, secuestro y asaltos a mano armada en la zona de Ecatepec, Cuautitlán (Izcalli y de Romero Rubio), Coacalco, Atizapán y Tlalnepantla han crecido en los últimos 10 años en una cifra escalofriante: 500%.
Lo que a diario se consigna en los medios de comunicación en relación a la inseguridad que se vive en esa región mexiquense, lo que denuncian organizaciones vecinales y de defensores de las mujeres víctimas de feminicidios de los mencionados municipios, más los reportes de organizaciones como el Termómetro Delictivo y otras que se han significado por su valor y el rigor con el que realizan sus investigaciones, son reveladoras del componente político que tiene el negocio de la seguridad privada en el Estado de México.
La disputa por el control de las empresas de seguridad privada en las regiones del Valle de Toluca y el Valle de México, así como la zona de Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes la Paz y Neza, está igualmente aparejada a una disputa política que se viene gestando entre las huestes del sindicalista Pedro Haces, que pretende eliminar el sistema de operación outsourcing, o sea, la tercerización de contratos temporales que eliminen cualquier compromiso obrero-patronal a los representantes de las policías privadas. Como lo mencionamos en la columna anterior, los grupos de los ex gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas son los señalados por el sindicalista Haces como los verdaderos dueños de las corporaciones de seguridad privada en la entidad.
La revista “Proceso” publicó el 13 de octubre pasado un reportaje sobre el asunto en el que menciona importantes ligas de políticos con las empresas de seguridad privada:
“Se trata de convenios firmados para la vigilancia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, la empresa Liconsa (hoy Segalmex), el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, según la plataforma consultada y corroborada con varias entrevistas.
Cusaem sólo firmó contratos por un valor estimado en 10% de los ingresos que obtuvo en el sexenio pasado, los cuales representan ganancias superiores a los 8 mil millones de pesos, según solicitudes de acceso a la información pública disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia y en revisiones al portal de Compranet”.
El pasado 23 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que su administración iniciaría un procedimiento para revisar todos los convenios firmados con la administración pública federal en los que existieran sospechas de protección y posibles actos de corrupción. Sin dar nombres, adelantó: “Se crearon empresas privadas de seguridad vinculadas con políticos”, dijo.
“A finales de julio pasado, las sospechas adelantadas por López Obrador sobre la legalidad en ese tipo de contrataciones quedaron confirmadas por el lanzamiento de la licitación pública nacional LA-009000987-E31-2019, bajo la intervención y cuidado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)… La SCT informó que participaron 20 empresas, entre ellas Cometra, GSI, Sepsa Seguridad Privada, Siker, Sepsa, Sedragal y Servicios Especializados en Investigación y Custodia –ligada a Cusaem, según fuentes federales–. Ninguna de ellas cumplió “con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria”.
“De acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, en 2008 Álvarez González fue secretario particular de Navarrete Prida cuando éste fue secretario de Desarrollo Metropolitano durante la gestión de Enrique Peña Nieto en el Estado de México; en 2009 y 2010, cuando Navarrete fue diputado federal, se desempeñó como asesor. Dejó el cargo para irse a Cusaem, donde estuvo dos años”.
“Tras la protesta de los uniformados frente al Congreso mexiquense, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito, Liliana Gollás Trejo, de Morena, llamó a comparecer a Álvarez González “para aclarar la situación legal” de Cusaem y “deslindar responsabilidades legales, si existiera mal manejo de los recursos”.
Pero con la llegada de Pedro Haces al poder sindical, reforzado con su militancia en Morena, Haces -quien en una época DE SU VIDA FUE POLICÍA JUDICIAL-, logra que la disputa por el control de la seguridad privada sea una bomba política a punto de estallar. Ya veremos lo que sucede.
Las empresas privadas de seguridad, una completa inseguridad para cualquiera
AMLO, realmente, ¿podrá regular a las empresas de seguridad privada?