Guanajuato, Gto.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad formulada por diputadas y diputados del PAN.
La diputada Cristina Márquez Alcalá, presidenta de la Comisión, precisó que al servidor público que proporcione información que conozca con motivo de sus funciones para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de las funciones de seguridad, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se les sancionará con tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días de multa.
Y si el sujeto activo del delito es integrante de una institución de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, la sanción se aumentará hasta con una mitad del máximo. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
En tanto, a cualquier civil que realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa.
La pena se aumentará hasta en una mitad del máximo cuando sea cometido por exintegrantes de las instituciones de la seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas, además se impondrá inhabilitación para desempeñar un cargo público hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; sea cometido a través de menores de dieciocho años o incapaces, o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención o inhibición de comunicaciones de instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas.
“Se trata de información privilegiada que puede servir para que se cometa un delito, o bien, para entorpecer las funciones de seguridad pública”, dijo. Finalmente, señaló que con esta reforma, además de sancionar el ‘halconeo’, “se permitirá que tanto las autoridades como la sociedad contemos con una nueva herramienta para avanzar en la lucha contra las redes del crimen organizado”.
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No se permitirá la entrega de información privilegiada, dijo Cristina Márquez
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