México, en etapa crucial (1)

Rigoberto Beltrán Vargas,

Colaborador del Semanario “El Ciudadano”

¿Cuáles son los datos de la violencia existentes actualmente en el país?. 252 mil 538 desde 2006; 40 mil desaparecidos; 26 mil cuerpos sin identificar y ocupamos el primer lugar de América Latina en feminicidios con 2 mil 585 en el 2017, que equivalen a 10 mujeres asesinadas diariamente.

Otros datos exasperantes del incumplimiento de los derechos humanos son la crisis carcelaria, la persistencia de la tortura generalizada en los centros de reclusión, la denuncia de tortura sexual sufrida por mujeres en detención, la violencia contra los defensores y periodistas, abusos contra migrantes, altos índices de pobreza y especialmente en pueblos indígenas…

Por otro lado, el Instituto para la Economía y la Paz afirmó en su sexta edición del “Índice de Paz México 2019”, que el año anterior ha sido el más violento, que el nivel de paz se degradó 4.9% al pasar de 24 a 27 homicidios por cada 100 mil habitantes y en el mismo año, el impacto económico de la inseguridad fue equivalente a 5.16 billones de pesos, algo así como 24% del producto interno bruto.

Durante su visita oficial a México del 5 al 9 de abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, escuchó un sinnúmero de testimonios y datos sobre las violaciones a las garantías fundamentales en el país, y luego de su recorrido por puntos álgidos se mostró sorprendida por los niveles de violencia existentes, ya que tiene cifras de muertes violentas propias de una nación en guerra.

Bachelet afirmó que la superación de esta crisis demanda “verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición”. La visita debe leerse como una oportunidad frente a los gobiernos anteriores que rechazaron visitas y recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos; es también una afortunada afirmación del compromiso de su oficina para con las víctimas. Reconoció la existencia de leyes para tratar cada una de las problemáticas, pero también afirmó que hay que hacerlas operativas, no sin enfatizar que los acuerdos firmados con el gobierno serán supervisados para corroborar avances e incumplimientos.

Aclaró que el asunto de las desapariciones ocupó un lugar especial, tanto por la cantidad como por las circunstancias. Una de las prioridades es la creación de un mecanismo extraordinario de identificación ante las altas cifras de cuerpos que yacen anónimos en fosas comunes y servicios forenses para dar certidumbre a miles de personas. Las familias lo han señalado siempre para encontrar a sus seres queridos en desaparición. Una semana anterior, el Gobierno hizo un relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda y otras medidas establecidas en la Ley General de Desaparición (no olvidemos que fue un logro de las victimas desde 2017) y que no fue apoyada con recursos hasta octubre del año pasado, siendo algo urgente.

Hay otra realidad del proceso de justicia para las personas desaparecidas y fue evidente en la visita. Se refiere a que el Estado Mexicano sigue sin reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas para conocer de casos individuales ocurridos en México. Es necesario, importante que las familias tengan abierta esa puerta de la justicia internacional. No podemos abrir una puerta y al mismo tiempo cerrar la otra.

El asombro de la expresidenta de Chile ante las cifras y testimonios, a pesar de que ella misma es sobreviviente de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de su país, nos llama a no pensar que son cosa de una época pasada los elevados índices de homicidios y las decenas de desapariciones. Y en verdad, no son cosa de una época pasada.