Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas, Colaborador del Periódico “El Ciudadano” …
Los ciudadanos mexicanos somos conscientes de una realidad atroz que desgraciadamente se ha convertido en una cultura nacional: al ser víctimas de un delito, las posibilidades de lograr justicia son prácticamente nulas. En México, ni siquiera uno de cada 100 delitos recibe un castigo, pues solo se denuncian 5 de cada 100 y de ellos, solo 12 por ciento llega a una resolución favorable al denunciante. Un ejemplo: en el Estado de México de 2002 carpetas de investigación abiertas, en 2007 solo 0.59 terminó en sentencia.
Las causas de este fenómeno son muchas: el déficit ya crónico que experimentan las diversas instancias del sistema de justicia: policías, ministerios públicos, tribunales. El deterioro en el que se desarrolla la persecución y sanción de los delitos ha de atribuirse a la ineptitud, la indolencia, la insensibilidad y la cada vez más difícil de ocultar corrupción de amplios sectores dentro de las corporaciones policiacas, los ministerios públicos y los juzgados. En este aspecto, los casos se multiplican y están a la vista: la agravante conducción de las indagatorias en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, y que hoy todavía sigue dañando a los familiares de las víctimas por las liberaciones de los detenidos por jueces. Otro. La conducta de los juzgadores que han conocido el caso de pederastia agravada en contra de la menor Daphne Fernández, violada de manera tumultuaria en 2015 por 4 jóvenes pertenecientes a familias adineradas de Veracruz. Y otro más. El asesinato de Abril Cecilia Pérez Zagaón, perpetuado el lunes 25 del mes pasado. Pero los casos se multiplican.
Al rendir su primer informe de labores al frente del Poder Judicial de la Federación, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, reconoció la persistencia de “cotos de corrupción” dentro del aparato de administración de justicia y señaló que si este es percibido como corrupto, carecerá de la “fuerza y legitimidad” para desempeñar el rol que le corresponde. Señaló como flagelos del poder que encabeza al nepotismo, la mediocridad y la cultura del patrimonialismo que, afirmó, se han combatido durante su desempeño. Este reconocimiento de algunos vicios del Poder Judicial por parte de su máxima autoridad resulta positivo en una tradición de encubrimiento, autocomplacencia y arrogancia que por décadas ha caracterizado a todos los niveles de este poder.
Es saludable admitir lo que sus colegas han negado sistemáticamente, así como su voluntad de continuar la limpieza del sistema judicial. Pero esto es solo un punto de partida en el saneamiento de las instituciones judiciales, las cuales comparten la descomposición que ha imperado en otros organismos del Estado. Lo que se ha hecho hasta ahora desde luego, palidece frente a la magnitud de los pendientes.
Es necesario que la sociedad en su conjunto se involucre en el entendimiento de las funciones, reglas e instancias para que pueda participar de una manera efectiva en la fiscalización ciudadana de jueces y magistrados; se debe recordar además, que uno de los más grandes pendientes es la moralidad del ejercicio; que esté próximo a la población, prestigiado, transparente y apegado a los marcos legales. Esta necesidad es una urgencia, no una carta a Santa Claus o a los Santos Reyes.
El poder judicial del país padece de corrupción
La denuncia en el poder judicial no recibe atención