El nuevo sistema de justicia penal no benefició a la figura de extinción de dominio, que en promedio tarda más de 265 días naturales para ser resuelto, más que una extradición o una causa penal.
Además, su aplicación desde la reforma constitucional de hace 11 años, sólo ha permitido recuperar cantidades mínimas, pese al costo de mantenimiento de los bienes asegurados, se informó por el Gobierno federal.
Por lo anterior, tan solo en la Ciudad de México, el año pasado el costo anual de vigilancia de 93 inmuebles bajo la responsabilidad de las autoridades fue de 53 millones de pesos. La reforma que se plantea al tema busca que todo sea más ágil y rápido.
La extinción de dominio tiene qué ver con los bienes incautados a narcotraficantes, los cuales pasan al poder del Estado mexicano y posteriormente, son asignados a un uso de interés público.
La extinción de dominio es hoy un asunto muy burocrático
La reforma trata de agilizar la decisión de un juez sobre un inmueble