Los niños que trabajan en los cruceros limpiando parabrisas, vendiendo productos, haciendo malabares o simplemente pidiendo dinero podrían desaparecer una vez que entre en vigor la reforma que criminaliza a quien obliga a trabajar a un menor.
Esa reforma consistió en la adición de un artículo 163 bis al Código Penal para sancionar a quien exija para sí o para cualquier persona, parte o la totalidad del dinero que pertenezca a un menor de edad producto de cualquier actividad en lugares abiertos al público, calles o avenidas.
La pena será de cuatro a siete años de prisión y de mil a tres mil días multa. En caso de cometer otros delitos se estará a las reglas del concurso. La pena se incrementará hasta dos terceras partes cuando cometan el delito conjuntamente dos o más personas.
Se considera modificar la iniciativa de Ley en materia de trata de personas
Es necesario atender y prevenir actividades que violenten a la niñez