Pbro. Rigoberto Beltrán Vargas…
Desde hace tiempo existe un clamor popular en el país y es ciertamente el de la justicia; por lo mismo para el bien común urge recuperar la confianza ciudadana en las instituciones responsables de esta tarea urgente.
En el primer encuentro digital nacional “Desafíos de la Justicia Mexicana” organizado por el Senado, los tres poderes de la Unión coincidieron en la urgencia de llevar a cabo una reforma profunda al Poder Judicial para acabar con el nepotismo y la corrupción, y al sistema procuración de justicia para que todas las personas tengan acceso a ella de manera moderna, eficiente y de calidad que restituya derechos a las víctimas.
La encargada de la política interior Olga Sánchez Cordero afirmó desde el gobierno federal “Se busca reformar la justicia para que desde ésta se reforme y se transforme la vida pública del país”.
Alejandro Gertz Manero titular de la Fiscalía General de la República, resaltó: “Todos los habitantes de este país tenemos una deuda muy grande con la justicia, con la prevención y con la procuración porque a la inmensa mayoría de los mexicanos no se les atiende”.
Añadió: “Todo nuestro proyecto y trabajo están encaminados a la defensa de las víctimas. En México tenemos un problema de victimización que ha ido creciendo de una manera desmesurada. Defender a las víctimas no es proteger a los delincuentes ni cambiar lo bueno que se ha logrado en este camino, que ha sido tan largo y no ha logrado los resultados que estamos pretendiendo”.
Añadió: “Vamos por una ley nacional de justicia cívica y de un Código Penal Nacional”.
El titular del Poder Judicial Arturo Saldívar, destacó “que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mayor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz”.
El representante legal de la Presidencia remarcó que es imposible acabar con la violencia “si antes no logramos una nación que enaltezca la justicia como valor prioritario y forma de vida digna”.
El coordinador de los senadores de Morena destacó que el verdadero acceso a la justicia es una de las principales demandas de la sociedad.
Positivo pues que se haya dado este diálogo de coincidencia y complementación de los tres poderes y de la Fiscalía ya que es obvio que el sistema judicial padece graves lacras, rezagos, incompetencias y disfuncionalidades.
La realidad por lo demás es elocuente. En México se resuelve solo 5 por ciento de los homicidios. De los 154 mil 557 asesinatos cometidos en el país de 2010 a 2016 el 94.8 por ciento permanecen impunes.
El promedio es 5 condenas por cada 100 víctimas, por muy debajo de las estadísticas del continente americano (24 sentencias), de Asía (48 sentencias) o de Europa (80 sentencias) por cada 100 homicidios.
México vive una crisis de impunidad en el momento más violento de su historia registrada.
Otro vicio de la justicia en México es que la investigación para esclarecer los crímenes no se centra en llegar a la verdad, sino en encontrar un culpable. Una de las causas de la crisis de impunidad en el país es que el sistema de justicia mide sus resultados por número de detenidos.
Se trata de un método efectista de impartición de justicia que pasa por detener a un presunto culpable, muchas veces a partir de una confesión lograda por tortura, sin investigar el caso. En 2016 el 35 por ciento de los prisioneros no tenía condena; un sistema preocupado en llenar prisiones, pero no en prevenir crímenes, ni crear un protocolo que diga como investigar un homicidio.
Además de estar desbordado y mantener un enfoque errado, el sistema de justicia presenta un déficit de recursos materiales.
Se debe de erradicar la tortura y si ocurre se debe sancionar a través de una fiscalía especializada encargada de castigar violaciones a los derechos humanos y la sociedad civil también tendrá que ayudar a la renovación de nuestro sistema de justicia.
Desarrollar órganos ciudadanos que vigilen el desempeño de la policía y que puedan tener autoridad en los consejos estatales, regionales y nacionales de seguridad ayudará. Pero ante todo habrá que romper el paradigma judicial actual: no enfocarse solo en el número de detenidos, si no en la solución de los crímenes, el hallazgo de sus móviles y el diseño de una política preventiva eficaz basada en el cumplimiento de la ley y en el respeto a los derechos humanos.