Rigoberto Beltrán Vargas,
Colaborador del Periódico “El Ciudadano”
El caso lo había registrado la sociedad y contaba con un registro imaginario, pero cuando las actuales autoridades hacen oficiales los datos, no existe otra alternativa sino afirmar que México ha sido convertido en una enorme fosa clandestina.
Los datos son contundentes: 40 mil casos de desaparición forzada; 26 mil cuerpos sin identificar en las morgues y más de mil fosas clandestinas descubiertas hasta ahora, un número significativo de mujeres relacionadas con el delito de trato de personas y las desapariciones de niños de manera creciente. Siendo un país con miedo a la denuncia, es de suponer que los datos quedan cortos. Esto supone que las autoridades anteriores fueron incapaces de preservar la seguridad, la libertad y la vida de decenas de miles de personas; carecieron de la voluntad para procurar justicia, para establecer mecanismos de registro.
La mayoría de los desaparecidos violentados oscila entre jóvenes de pocos recursos y entre 17 y 29 años de edad. Las nuevas autoridades tendrán necesariamente que diseñar las políticas públicas y procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y localizadas así como prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.
La sola tarea será ardua y compleja; requerirá de una cercana colaboración entre gobiernos estatales y la Federación; más aún, el trabajo se agrandará por el aspecto policial, ministerial, judicial y social que se tendrá que hacer para avanzar en esta tragedia que ha marcado toda una época en la historia nacional.
El plan de implementación de la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas que pondrá en operación el nuevo Gobierno, a más tardar en el mes de marzo, debe contar con el apoyo y participación de familias de víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y de nuestra colaboración diocesana con los Centros de Escucha para Atención de Victimas y del Movimiento de Reconstrucción del Tejido Social.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) -conformado por 59 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 20 entidades de México, de 3 países de Centroamérica, por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos-, señaló la necesidad de avanzar de manera inmediata y consistente para dar pasos en el cumplimiento de este plan.
Las familias de los afectados, la sociedad civil organizada, nuestra diócesis y organismos internacionales tienen que unir esfuerzos porque solo así se podrá reducir y erradicar el crimen intolerable de las desapariciones forzadas en este país.
Las desapariciones son un problema de alcance nacional
Ninguna autoridad federal ofrece respuesta al conflicto